La masacre tan atroz y lamentable sucedida en los CRS (Centros de Rehabilitación Social) es un síntoma de una sociedad enferma, es la pus que demuestra que como país, estamos infectados, no de coronavirus sino de falta de humanidad, de total irrespeto por la vida y extrema crueldad.

Nicolás Dousdebés Córdova

No era una sorpresa que en las noticias internacionales aparecieran escenas y relatos de gente mutilada, degollada, ahorcada o asesinada de cualquier otra manera cruel e inhumana. Solían venir de Colombia o México, naciones ampliamente dominadas por la violencia, especialmente aquella que surge de los cárteles del narcotráfico. Ahora, esas mismas atrocidades han comenzado a suceder en Ecuador, en la «isla de paz» de América Latina.

El martes 23 de febrero de 2021 quedará marcado en la historia nacional como un día trágico en la memoria colectiva. Será una fecha «que vivirá en la infamia», como diría Roosevelt sobre el ataque japonés a Pearl Harbor. Sin embargo, aquí no fueron soldados los que murieron. Eran delincuentes, algunos asesinos peligrosos para la sociedad, otros narcotraficantes de bandas rivales y seguramente, también reclusos de poca peligrosidad que cayeron víctimas de la orgía de violencia sanguinaria.

Se comenta que uno de los reos, o PPL (personas privadas de la libertad), para ser políticamente correctos, había a su vez asesinado a varias personas en Guayaquil con extrema saña y crueldad, de modo que habría probado «su propia medicina». Es posible que vulgarmente, muchas personas digan: «bien hecho». En realidad, al revisar las redes sociales, en no pocos comentarios se celebraba que hubiesen ejecutado a los presos, que se lo merecían. Ciertamente es un tema polémico pero más allá de las opiniones personales, ¿dónde queda el estado de derecho y el imperio de la ley? ¿cualquier persona podrá ejecutar a otra porque considera que no merece vivir, y además hacerlo al margen de la ley? Ahora sucedió al interior de las cárceles, mañana puede pasarle a cualquier ciudadano libre, sea culpable o inocente.

Sin embargo, éste no es el único mal precedente que se desprende de esta masacre anunciada, pues ya en 2020 hubo dos estados de excepción para supuestamente intervenir en las cárceles que ya eran un nido de violencia. El asesinato masivo de 79 personas al interior de tres cárceles ecuatorianas, al margen de su nivel de peligrosidad, revela sin lugar a dudas que en estos recintos no hay ley, o que ésta simplemente no se cumple. Es evidente que los guardias penitenciarios son incapaces, ya sea por falta de formación, por complicidad con los internos o por escasez de número, de ejercer un mínimo grado de autoridad sobre quienes han sido confiados a su vigilancia. El libre ingreso de armas, celulares, licor, electrodomésticos y otros enseres, da cuenta de que para muchos, estar en la cárcel no limita sus actividades delictivas, en todo caso las empeora y agudiza.

A modo de justificación, algunos de los detenidos, en las cárceles más afectadas por la violencia, han manifestado en vídeos (lo cual ya indica que siguen utilizando dispositivos que supuestamente están prohibidos) que sus compañeros asesinados mantenían una especie de red de extorsión y abuso al interior de estos recintos y esto habría llevado a la violenta reacción del 23 de febrero. Ahora bien, el hecho mismo de que hubiesen existido estas redes de dominio de unos internos sobre otros, ya denota que algunos de ellos no estaban realmente privados de la libertad sino que podían manejar a su antojo sus influencias sin que las autoridades carcelarias lo supieran o pudieran hacer algo al respecto.

Para cambiar este panorama desolador, los tan desgastados discursos de que hay que promover los valores y la educación, aunque no han dejado de ser ciertos, no son ni de lejos suficientes. Deberán pasar varias generaciones y haber un sustancial mejoramiento del nivel de vida de la población para que estas acciones de prevención den frutos. Mientras tanto, urge tomar medidas que reformen la manera de administrar los presidios pues éstos en la actualidad no merecen el nombre de «centros de rehabilitación social» (CRS), sino todo lo contrario, son núcleos de violencia y muerte.

Para comenzar, los guardias penitenciarios deberían ser apoyados de manera permanente por personal especializado de la policía para realizar constantes supervisiones que aseguren la ausencia de armas y otros elementos potencialmente letales, como las herramientas de gran magnitud con las que se cometieron estos crímenes, por ejemplo, sierras eléctricas y amoladoras. Es verdad que algunas de éstas son utilizadas para labores de enseñanza de oficios, entonces deberían estar mucho más resguardadas y utilizadas sólo en la presencia de instructores.

Adicionalmente, el personal de guardianía, sean guías o policías, deberían tener perfecto conocimiento de la ubicación de los interruptores centrales de energía, en caso de que haya el mínimo intento de uso indebido de estos instrumentos. Y esto no es todo. Hay más medidas a ser aplicadas de manera inmediata, tal como la dotación de armamento disuasivo no letal, sólo para ser utilizado cuando el orden se salga de las manos de los guías.

En definitiva, hay una serie de cambios que tendrían que realizarse para mejorar las condiciones de seguridad al interior de las cárceles. Sin duda, la más importante de ellas es desarraigar la corrupción de las filas de los guardias penitenciarios; su oficio es duro y seguramente lleno de tensión; precisamente por eso, la formación de su personal tendría que ser altamente profesional y su remuneración adecuada para evitar el riesgo de que sean objeto de sobornos. Desde luego, nada de esto será posible sin la voluntad política de cambio y la consiguiente dotación de recursos para generar nuevas políticas públicas en materia de seguridad penitenciaria.

A manera de conclusión, lo sucedido en las cárceles de Ecuador durante la última semana de febrero de 2021 es un reflejo de lo que sucede en la sociedad misma. Esta crisis no es sino la punta del iceberg de una situación en la que la vida no vale mucho y está en constante riesgo, sobre todo para los grupos más vulnerables. Como si no hubiese bastado la pandemia, la cual se ha llevado a muchos de ellos, la corrupción estatal ha puesto en riesgo no sólo a los enfermos sino al personal sanitario que ha estado en la primera línea de lucha contra esta grave enfermedad.

En los últimos meses, ha habido un incremento notable de la violencia contra la mujer, mayores tasas de inseguridad y criminalidad en todas las ciudades del país, especialmente en las más grandes. El asesinato de Efraín Ruales, así como la muerte violenta de tantas otras personas inocentes menos conocidas que él, evidencian que en Ecuador el valor de la vida humana es extremadamente frágil, es descartable a cambio de pocos dólares. La masacre tan atroz y lamentable sucedida en los CRS es un síntoma de una sociedad enferma, es la pus que demuestra que como país, estamos infectados, no de coronavirus sino de falta de humanidad, de total irrespeto por la vida y extrema crueldad. Nos urge una medicina, un cambio de mentalidad que a todo nivel nos haga más sensibles y respetuosos del valor irremplazable de toda persona, más allá de su condición de libertad o privación de la misma.

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